Dirección de Asuntos Legales

La Dirección de Asuntos Legales tiene la función del control de legalidad como acto preparatorio, que se denomina actividad administrativa consultiva, en este caso no vinculante, respecto de los actos administrativos que dictan los órganos según la competencia delegada del Intendente.

La actividad desplegada por esta Dirección no forma parte de la administración activa (Ley de procedimiento administrativo de Mendoza, Nº 3909, Jorge Sarmiento García y Petra Recabarren, pag. 60), razón por la cual no se inician en este área ningún tipo de trámite, salvo lo que establece la Ordenanza Nº 3.675/06 sobre Transacciones sobre Daños Extrajudiciales.

En este tipo de trámite esta Dirección provee el inicio del trámite y sustancia la prueba ofrecida, según lo dispone el art 2 de dicha norma legal. Luego pasa las actuaciones al Apoderado a los fines de la negociación extrajudicial o judicial en su caso.

También tiene a su cargo el empadronamiento de extranjeros, siendo ésta una función meramente administrativa y de carácter residual.

Esta Dirección ha efectuado una precalificación a los fines de buen orden administrativo interno, de los trámites cuyo dictamen es solicitado o resulta obligatorio en: habilitaciones comerciales, recursos, licitaciones, sumarios, prescripciones, mediación, asuntos previos y asuntos legales en general. 

Objetivos

• Unificar criterios jurídicos.
• Crear una base de datos jurídicos.
• Sustento jurídico fundado de la acción política.

Visión

Servicio jurídico de excelencia, tendiente a la protección de los intereses del municipio con habilidad y audacia.

Misión

Pasar de una función pasiva a una activa en el sentido que las áreas con  función activa lo requieran cuando no sea obligatorio. Articular política preventiva de conflictos. Facilitar el acceso de los criterios y pautas jurídicas a todas las áreas municipales y externamente en los ámbitos jurídicos de incumbencia, pudiéndose lograr a través de los recursos informáticos con que se cuenta.